El final del régimen franquista supuso también una reorientación de la política exterior española. Además de la europeización y el ingreso en la OTAN, también se planteó una mejora de las relaciones con América Latina, que se manifestó en las cumbres iberoamericanas a partir de 1991.

"En suma, durante La Colonia se vulneraron derechos individuales y colectivos que, con una mirada contemporánea, deben asumirse como atentados a los principios que rigen a ambas naciones." Con motivo del 500º aniversario de la conquista de la capital azteca, Tenochtitlán (actual Ciudad de México), por un ejército español, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exigió disculpas a la Casa Real española en una carta abierta de 2019. Tradicionalmente, las relaciones de la madre patria con sus antiguas colonias latinoamericanas han sido ambivalentes. No obstante, la España postransición buscó el acercamiento tras el fin de las dictaduras latinoamericanas a finales de los años ochenta. Felipe González ya había viajado al Chile dictatorial en 1977 como líder de la oposición e hizo campaña por la liberación del abogado socialista Erich Schnake. Como presidente del gobierno español González, junto con el presidente mexicano Salinas de Gortari, inició las cumbres iberoamericanas que se celebraron anualmente a partir de 1991 y a las cuales asistieron los jefes de estado y de gobierno de España, Portugal y los 19 países de América Latina.

Dentro de este foro, España asumió una función de modelo en términos de democratización y desarrollo económico. El presidente cubano Fidel Castro fue una contraimagen y un enemigo cultivado sobre todo en la prensa española. Con su autocracia autoritaria de más de treinta años y el atraso económico de su país, Castro encarnaba todo lo que España creía haber superado. Al mismo tiempo, era posible recurrir a viejas concepciones anticomunistas de la época de Franco y reafirmarse en la propia ventaja civilizatoria. Tras la cumbre de Viña del Mar en 1996, El País anunciaba con orgullo que Castro había firmado una declaración comprometiéndose al pluralismo y a la democracia y que, por tanto, había hecho concesiones. Por otro lado, se escuchó con horror que el caudillo cubano se había negado a apoyar una condena conjunta de ETA en la cumbre de Panamá de 2000. De este modo, la correlación de fuerzas entre España y Cuba podía servir para calibrar el grado de democratización de América Latina y, al mismo tiempo, para poner de relieve el papel de maestra de la madre patria ibérica.

La vulnerabilidad argumentativa de España dentro del foro internacional quedó patente en la cumbre de Oporto de 1998. En ésta el presidente del gobierno español, José María Aznar, y los presidentes de Argentina y Chile, Carlos Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, firmaron un comunicado en el que se subrayaba la primacía de la jurisdicción nacional sobre el derecho internacional y se condenaba explícitamente la actuación del juez de instrucción español Baltasar Garzón en la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres. Los lazos occidentales de España en la alianza de defensa del Atlántico Norte también fueron en ocasiones contrarios a los intereses latinoamericanos. Sintomático de ello fue el ingreso de España en la OTAN en 1982, que tuvo lugar en el mismo momento en que el nuevo aliado, Gran Bretaña, estaba en guerra con Argentina por las Islas Malvinas. Especialmente el cambio de paradigma del laissez-faire de Felipe González a la política leal a Washington de José María Aznar a partir de 1996 provocó desacuerdos duraderos. La decreciente participación de los jefes de estado latinoamericanos en las cumbres iberoamericanas a partir de la década de 2000 es, por tanto, sintomática del deterioro de las relaciones iberoamericanas.