Una dictadura que se autodisuelve. La Transición democrática en España pareció un pequeño milagro a muchos contemporáneos. La interacción de las fuerzas reformistas del régimen y de la oposición democrática hizo posible la transición. Este proceso no fue en absoluto sólo pacífico.

El 20 de noviembre de 1975, el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, anunció entre lágrimas la muerte de Franco a la audiencia televisiva española. Dos días más tarde, el pretendiente al trono Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, a quien Franco ya había elegido personalmente como sucesor en 1969, fue proclamado rey. En contra de todas las expectativas, el joven monarca se esforzó por una rápida democratización del país. En agudo contraste con el regimiento de los victores de Franco, confesó en su discurso de investidura: "La institución que personifico une a todos los españoles." Inicialmente, la medida práctica más importante fue el nombramiento del reformista Secretario General del Movimiento Nacional, Adolfo Suárez, como presidente de gobierno. En consulta con el presidente del parlamento, Torcuato Fernández-Miranda, y otras fuerzas reformistas, se redactó entonces una ley de reforma política para permitir el establecimiento de una democracia pluralista. En noviembre de 1976, la ley fue aprobada por el Parlamento franquista, y un mes más tarde recibió una abrumadora aprobación de 97,4% en referéndum.

Tras la sucesiva legalización de los partidos políticos – incluso el Partido Comunista de España (PCE) – a principios del año siguiente, las primeras elecciones libres en 40 años, celebradas en junio de 1977, confirmaron a Adolfo Suárez en el cargo de presidente del gobierno, ahora al frente de la Unión del Centro Democrático (UCD) liberal-conservadora. Inmediatamente, el proceso de reforma se aceleró. En octubre de 1977, una amnistía general liberó a todos los presos políticos del régimen franquista. Al mismo tiempo, protegía a los funcionarios del régimen de cualquier persecución penal: un pacto de silencio y olvido. El 6 de diciembre de 1978 entró en vigor una nueva constitución, redactada con la colaboración de los partidos con representación parlamentaria y basada en gran parte en la Ley Fundamental alemana. En Cataluña y el País Vasco, los estatutos de autonomía se aprobaron por referéndum en 1979. Al mismo tiempo, los años 1979–1981 fueron marcados por las crisis. Los problemas económicos de España, latentes desde la crisis del petróleo, provocaron un elevado desempleo. Simultáneamente, el País Vasco fue sacudido por los atentados de la banda terrorista ETA.

Fundada en 1959, la organización socialista y separatista se radicalizó a finales de los años sesenta. En la lucha contra el estado franquista autoritario y por la libertad del País Vasco, se perpetraron atentados contra las fuerzas del orden y los "colaboracionistas." Esta práctica continuó tras la muerte de Franco y alcanzó su sangriento clímax en 1980 con un total de 93 muertos. El 23 de febrero de 1981, Suárez dimitió del cargo de presidente del gobierno. Durante la elección de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, se produjo un incidente en el Parlamento. El teniente coronel Antonio Tejero y 300 soldados de la Guardia Civil ocuparon el edificio del Congreso y tomaron como rehenes a los diputados. Al mismo tiempo, se desplegaron tanques en Valencia. El golpe militar fracasó debido a la indecisión de los generales y a un discurso televisado de Juan Carlos en el que el monarca retiraba su confianza a los militares. Con el golpe fallido y la toma del poder por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que salió victorioso de las elecciones de 1982, se daba por concluida la transición democrática.