Durante la transición democrática española, juntas militares asumieron el poder en Chile y Argentina. Tras crímenes masivos y graves violaciones de los derechos humanos, los militares cedieron el poder en la década de 1980 y se amnistiaron, siguiendo el modelo español.

"Teniendo presente la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país [y] la incapacidad del gobierno para controlar el caos [...], las fuerzas armadas y carabineros están unidos para iniciar su histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la Patria." Con estas palabras, la junta militar dirigida por el Comandante en Jefe Augusto Pinochet legitimaba su golpe contra Salvador Allende, presidente socialista de Chile, el 11 de septiembre de 1973. Tres años antes, Allende había sido elegido con una estrecha mayoría, combatiendo la pobreza del país con nacionalizaciones y una generosa política social, que al mismo tiempo sumió al país en una grave crisis económica por inflación galopante y lo distanció de Estados Unidos. Este último reconoció inmediatamente a Pinochet como presidente legítimo. Tres años más tarde, los militares también tomaron el poder en Argentina. El vacío dejado por la muerte del presidente Juan Domingo Perón, la creciente crisis económica y el aumento de los asesinatos cometidos por la guerrilla urbana de izquierdas Montoneros llevaron a los militares del general Jorge Videla someter bajo arresto domiciliario a la esposa, vicepresidenta y sucesora de Perón, Isabel Martínez de Perón.

Especialmente en los meses inmediatamente posteriores a la toma del poder, los gobiernos militares de Chile y Argentina cometieron crímenes masivos y graves violaciones de los derechos humanos. Pinochet – un ferviente admirador de Franco que fue uno de los pocos invitados de estado presente al acto funerario del dictador español en 1975 – utilizó principalmente a la policía secreta DINA para secuestrar, torturar y ejecutar a miembros de la oposición. En Argentina, el presidente Videla declaró subversivos a todos aquellos que socavaran los valores cristianos del país con "ideas contrarias a nuestra civilización." También en este país se secuestró, torturó y asesinó a disidentes. En Chile, de 30.000 torturados, murieron unos 3.000; en Argentina, desaparecieron entre 6.000 y 30.000 personas. Una cifra exacta se hace difícil por la práctica de las "desapariciones," es decir, secuestros sin certeza sobre el paradero de los detenidos. Mientras Pinochet basaba su legitimidad en una mejora temporal de la situación económica de Chile mediante reformas estructurales monetarias y referendos manipulados, la situación de la junta militar argentina siguió precaria en todo momento debido a la inestable economía del país. Grandes acontecimientos como la organización del Mundial de Fútbol de 1978 apenas pudieron distraer la atención de estos problemas.

Con la ocupación de las Islas Malvinas frente a la costa argentina – colonia de Gran Bretaña desde 1833 –, el nuevo presidente argentino, el general Leopoldo Galtieri, intentó encender una ola de euforia nacional en 1982. Pero la exitosa contraoperación británica asestó un golpe mortal a la junta militar. En 1983, Reynaldo Bignone, el último presidente militar argentino, convocó elecciones libres. Al mismo tiempo, una ley de amnistía garantizó la impunidad de los antiguos gobernantes. En Chile, el presidente Pinochet intentó legitimarse en 1988 mediante la celebración de otro referéndum, que sorprendentemente perdió. A pesar de las elecciones libres de 1989, Pinochet, que se aseguró los cargos de comandante en jefe del ejército y senador vitalicio, siguió siendo una figura influyente en la política chilena. Aunque dos comisiones de la verdad, en 1991 y 2004, investigaron los crímenes de los años de Pinochet, esto no tuvo consecuencias legales para el ex gobernante, que murió en 2006, ya que una ley de amnistía de 1978 le protegía de ser procesado. La situación fue diferente en Argentina, donde la comisión de la verdad CONADEP presentó un informe de violaciones de los derechos humanos en 1984, en base al cual los responsables de la junta militar – incluidos Videla, Galtieri y Bignone – fueron condenados a largas penas de prisión en 1985.